El gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, implementará medidas estrictas para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas que utilizan plataformas de transporte privado en la entidad. La Secretaría de Movilidad y Transporte actuará con firmeza ante la denuncia de una presunta práctica indebida entre algunos choferes, quienes estarían vulnerando la privacidad de las usuarias.
Esta decisión se tomó luego de que circularan en redes sociales y medios de comunicación que algunos conductores del servicio de transporte privado “InDriver”, presuntamente, habrían utilizado una cuenta en dicha plataforma para compartir fotografías y datos personales de las usuarias, como ubicaciones y rostros, en un acto de burla y acoso. La práctica fue denunciada en redes sociales y medios de comunicación, lo que llevó a las autoridades de Puebla a tomar acciones inmediatas para garantizar la protección de las mujeres, adolescentes y niñas que utilizan estos servicios.
La Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla ha intervenido y solicitado a los concesionarios de las plataformas de transporte privado que respeten la privacidad de los usuarios, advirtiéndoles sobre las consecuencias legales en caso de que se demuestre que los conductores están involucrados en la vulneración de la información personal de las personas.
📢En respuesta a denuncias en redes y medios sobre la difusión de datos personales de usuarias por presuntos conductores de transporte privado, @MTGobPue tomará medidas firmes.
La Secretaría advierte que compartir información de usuarias es una violación grave y aplicará… pic.twitter.com/6CenNJcyJn
— TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) January 11, 2025
Aunque no se menciona específicamente si la plataforma InDriver ha tomado alguna medida interna al respecto, la preocupación de las autoridades radica en la presunta conducta inapropiada de algunos de sus conductores, y el gobierno del estado ha dejado en claro que actuará con firmeza para detener cualquier práctica que ponga en riesgo la seguridad y los derechos de las personas.
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