En sesión ordinaria, diputadas y diputados de la LXII Legislatura presentaron diversas iniciativas enfocadas en fortalecer el acceso a la justicia, modernizar el marco jurídico y mejorar la seguridad pública en Puebla.
La diputada Elisa Limón Balderrábano propuso reformas al Código Penal para garantizar que las mujeres indígenas accedan plenamente al sistema de justicia y para establecer agravantes cuando víctimas indígenas incluidas niñas, niños y adolescentes sean afectadas por distintos delitos.
La diputada Elvia Graciela Palomares presentó una iniciativa para agravar el delito de fraude cuando se cometa en perjuicio de mujeres indígenas o afromexicanas, migrantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y organizaciones comunitarias.
Por su parte, la diputada Beatriz Manrique Guevara propuso reformas al Código Penal para sancionar a quienes recluten o utilicen a menores de edad con fines delictivos, reconociendo de forma plena a niñas, niños y adolescentes como víctimas.
La legisladora Leonela Jazmín Martínez Ayala presentó dos iniciativas al Código Civil: una para actualizar lenguaje y eliminar disposiciones discriminatorias, y otra en conjunto con el diputado Pavel Gaspar Ramírez para exigir que quienes soliciten matrimonio acrediten no estar inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
El diputado Andrés Iván Villegas Mendoza planteó tipificar el robo de autopartes como delito específico, con penas de 4 a 8 años de prisión y multas de 300 a 600 UMAs.
Estas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio.
Asimismo, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó una reforma a la Ley de Seguridad Pública para que las presidencias municipales supervisen los procesos de profesionalización y certificación policial, y elaboren presupuestos acordes a estas necesidades. La propuesta fue enviada a la Comisión de Seguridad Pública.
Durante la sesión también se recibieron:
Una iniciativa del diputado José Luis Figueroa Cortés para sancionar como fraude educativo la oferta de estudios sin RVOE, con penas de 10 a 20 años de prisión.
Un punto de acuerdo del diputado Marcos Castro Martínez para implementar un programa gratuito de reposición de actas civiles en zonas afectadas por lluvias.
Dos puntos de acuerdo de la diputada Leonela Martínez Ayala y el diputado Pavel Gaspar Ramírez, dirigidos a garantizar anotaciones marginales y registros conyugales sin costo en el Registro Civil.
Estos asuntos fueron turnados a las comisiones correspondientes para su análisis.
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