En rueda de prensa, el gobernador Alejandro Armenta anunció que su administración trabaja en una nueva iniciativa legislativa denominada Ley AntiMilpa, cuyo objetivo será combatir prácticas de corrupción arraigadas en el ejercicio del poder público.
🗣️El gobernador @armentapuebla_ mencionó que la corrupción y el abuso de poder deben ser eliminados de forma permanente. Para ello, se implementará la “Ley Anti Milpa”, un proceso de regulación para quienes deseen servir al estado.
Esta ley quedará establecida en la… pic.twitter.com/H74BP1B4lt
— TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) May 26, 2025
El mandatario explicó que el término “milpa” hace referencia a los donativos ilegales o aportaciones forzadas que algunos funcionarios y contratistas deben entregar a cambio de favores o contratos. Esta práctica, comúnmente conocida como “diezmo”, ha evolucionado y sigue operando en distintos niveles de gobierno bajo nuevas formas.
“La corrupción y el abuso del poder son procesos disociativos de la conducta humana, por eso se crean las leyes: para regular la convivencia y garantizar el buen funcionamiento de las instituciones del Estado”, expresó Armenta.
El gobernador hizo un repaso histórico sobre las políticas anticorrupción en México, recordando esfuerzos como la “renovación moral” durante los gobiernos de José López Portillo y Miguel de la Madrid, y advirtió sobre el peligro de caer en una sobrerregulación ineficaz que complique la aplicación real de la ley.

Subrayó que esta nueva legislación no debe convertirse en una estructura burocrática más, sino que debe centrarse en sancionar de forma clara y contundente a quienes incurran en prácticas corruptas desde el inicio de su gestión.
Asimismo, insistió en la necesidad de transparentar el uso de recursos y donativos, ya que en muchos casos, el porcentaje exigido como “diezmo” supera con creces el 10 por ciento, afectando de manera directa el presupuesto público y la integridad institucional.
Con esta propuesta, Ley AntiMilpa el Gobierno de Puebla busca establecer un marco normativo que ponga fin al uso político de los recursos públicos y fortalezca la confianza ciudadana en el servicio público.
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