El Gobierno del Estado de Puebla ha pagado 2 mil 617 millones de pesos por el Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis y aún enfrenta un adeudo de 4 mil 300 millones de pesos que se extenderá hasta el año 2037, informó el gobernador Alejandro Armenta Mier.
🗣️“¿Ustedes creen que el Centro Integral de Servicios vale 2617 millones de pesos?”, preguntó el gobernador @armentapuebla_, y agregó que aún faltan cuatro mil trescientos diecisiete millones de pesos; por ello, se declara en ámbito moratorio y no se pagará más, sin importar su… pic.twitter.com/tnqzCqMVGF
— TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) December 15, 2025
Durante conferencia de prensa, el mandatario explicó que el costo total del proyecto asciende a cerca de 7 mil millones de pesos, pese a que el valor real del inmueble se estima en no más de mil 500 millones de pesos, situación que calificó como irregular e injusta para las finanzas públicas.
Armenta señaló que el adeudo se originó a partir de nueve contratos vinculados a obras que nunca se ejecutaron, pero que aun así generaron compromisos financieros para el estado. Precisó que uno de estos contratos ya fue resuelto y que su administración buscará frenar nuevos pagos relacionados con el CIS.
“Se me hace inmoral que contratos de obras inexistentes nos condenen a pagar miles de millones de pesos. Si es necesario acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a las instancias correspondientes, lo vamos a hacer”, afirmó el gobernador, al referirse al posible uso de criterios jurídicos relacionados con delitos de carácter organizado para revisar dichos casos.
El titular del Ejecutivo estatal detalló que los adeudos se derivaron de validaciones de obra que avalaron metros cuadrados no construidos, mediante finiquitos firmados por supervisores y funcionarios de administraciones pasadas. Añadió que estas irregularidades se arrastran desde hace más de dos décadas y dieron origen a resoluciones judiciales heredadas por el actual gobierno.
Ante este escenario, Armenta Mier anunció que su administración iniciará un proceso de diálogo con las empresas involucradas para finiquitar los adeudos pendientes y, de no alcanzar acuerdos, recurrirá a las instancias judiciales correspondientes para revisar las resoluciones que obligan al pago.
Asimismo, instruyó a la Consejería Jurídica, a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de Infraestructura y a la Coordinación de Gabinete a presentar las denuncias necesarias ante la Fiscalía General del Estado, con el fin de investigar posibles responsabilidades administrativas y penales relacionadas con la contratación, supervisión y validación de las obras.
Finalmente, el gobernador reiteró que los recursos públicos se destinarán de manera prioritaria a seguridad, salud, educación e infraestructura, y subrayó que su gobierno continuará revisando los compromisos financieros heredados con apego a la ley y al principio de presunción de inocencia.
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