El exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, permanecerá en prisión preventiva en el Penal del Altiplano, según informó la FGR.
Este sábado 25 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, también conocido como “El Góber Precioso”, permanecerá en prisión preventiva durante su proceso por el delito de tortura.
Cabe recordar que en el año 2004, la periodista Lydia Cacho exhibió en su libro, “Los demonios del Edén”, la existencia de una red de tráfico sexual y pornografía infantil.
Esta red estaba dirigida por los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif Borge, el primero de los cuales ya fue condenado por estos delitos en 2011.
Las revelaciones de la periodista desencadenaron un juicio por difamación iniciado por Nacif Borge, durante el cual Marín Torres presuntamente ordenó la detención de Cacho en Cancún.
Posteriormente, sería durante su traslado a Puebla que la periodista habría sido amenazada de muerte, privada de su derecho a un abogado y a comunicarse, y sometida a un recorrido de larga distancia por carretera en un vehículo a pesar de haber sido diagnosticada con bronquitis.
Un año más tarde, el periódico La Jornada dio a conocer una grabación en la cual el empresario Nacif Borge alababa a Marín Torres y le agradecía por la detención de Cacho, llamándolo “mi góber precioso”.
No sería sino hasta el año 2019 cuando se emitiera una orden de detención en contra del exgobernador y del empresario Nacif Borge en relación a estos delitos.
El exgobernador fue aprehendido en 2021 y trasladado a Quintana Roo para ser procesado, encontrándose recluido desde entonces en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, también conocido como Penal del Altiplano.
Marín Torres solicitó al tribunal que se le concedieran nuevas medidas cautelares y que se le permitiera estar en libertad durante el juicio, lo cual fue rechazado por el juez a cargo del caso.
De acuerdo con la FGR, el juez consideró que la evidencia presentada por los Ministerios Públicos de la Federación (MPF), de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su Delegación de Quintana Roo y de la FEADLE, perteneciente a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), sustentaban que el exmandatario no solamente representa un riesgo de fuga, sino también para la integridad de la víctima y testigos.
De igual forma, se toma en cuenta que el detenido no está arraigado en el estado de Quintana Roo y que los retrasos en el proceso han sido responsabilidad de su defensa.
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