La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de Abraham N. y Blanca Oralia N., al ser declarados penalmente responsables de los delitos de secuestro agravado y robo de vehículo agravado, cometidos en la ciudad de Puebla.
De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron el 5 de marzo de 2024, cuando la víctima fue privada de su libertad y despojada de su vehículo, así como de diversas pertenencias personales. A partir de este hecho, la Fiscalía inició las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del caso.
Durante el juicio oral, el agente del Ministerio Público presentó pruebas que permitieron acreditar la participación de ambas personas en la comisión de los delitos. Las indagatorias realizadas por la FGE reunieron datos de prueba suficientes para sustentar la acusación y demostrar su responsabilidad penal.
🚨 ⛓️Abraham N. y Blanca Oralia N. fueron sentenciados a 50 años de prisión por secuestro agravado y robo de vehículo ocurrido el 5 de marzo de 2024 en la ciudad de Puebla.
⚖️ La @FiscaliaPuebla acreditó su responsabilidad durante el juicio oral, logrando la condena por ambos… pic.twitter.com/wdbDo2I0Yt
— TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) May 31, 2026
Con base en estos elementos, el 21 de mayo de 2026 se emitió un fallo condenatorio en contra de los imputados. Posteriormente, el 28 de mayo del mismo año, la autoridad judicial dictó la sentencia definitiva de 50 años de prisión para ambos responsables.
Además de la pena privativa de la libertad, la resolución contempla el pago de una multa por 434 mil 280 pesos, la suspensión de derechos civiles y políticos, así como una amonestación privada.
En el mismo sentido, se estableció que los derechos de la víctima para reclamar la reparación del daño material y moral quedan a salvo, los cuales podrán hacerse efectivos durante la etapa de ejecución de sentencia.
La Fiscalía General del Estado de Puebla reiteró que continuará con las acciones de investigación y persecución de los delitos que atentan contra la libertad y el patrimonio de las personas, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y combatir la impunidad.
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