La Secretaría de Gobernación de Puebla exhortó al Ayuntamiento de San Andrés Cholula a regularizar a 152 elementos de seguridad pública que actualmente no cumplen con los requisitos normativos para desempeñar funciones policiales.
👮🏻Más de 150 oficiales de San Andrés Cholula no están regulados ni debidamente acreditados, dio a conocer el secretario de Gobernación, @aguilar_pala_S, quien pidió a la alcaldesa @LupitaCuautleT atender esta situación tras los hechos ocurridos durante la detención de una mujer.… pic.twitter.com/zd1x6VMlS4
— TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) June 15, 2026
Durante una conferencia de prensa, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, se refirió al caso que se viralizó recientemente en redes sociales, donde una mujer y sus hijos fueron sometidos por policías municipales, situación que generó cuestionamientos sobre el actuar de los uniformados.
El funcionario señaló que, aunque pudo existir una situación de riesgo durante la intervención, se vulneró la integridad de las personas involucradas, particularmente de los menores de edad que se encontraban presentes, lo que evidenció deficiencias en la aplicación de los protocolos de actuación policial.
Aguilar Pala indicó que este hecho puso de manifiesto la necesidad de fortalecer la profesionalización de los cuerpos de seguridad municipales y llamó no sólo a San Andrés Cholula, sino a todos los ayuntamientos del estado, a respetar y aplicar correctamente los lineamientos establecidos para el desempeño de sus elementos.
Asimismo, informó que actualmente existen 152 policías municipales en San Andrés Cholula que no están regularizados, situación que calificó como preocupante debido a que se trata de personal que no cumple con los requisitos legales para ejercer funciones de seguridad pública.
El titular de la dependencia afirmó que no se permitirá que elementos que se encuentren fuera de la normatividad continúen desempeñando labores policiales, por lo que pidió a las autoridades municipales atender esta situación y garantizar que sus corporaciones operen conforme a la ley.
Finalmente, señaló que corresponderá a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión de Derechos Humanos llevar a cabo las investigaciones necesarias para determinar posibles responsabilidades derivadas de los hechos.
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