Lo que comenzó como un rumor entre alumnos y padres de familia hoy se ha convertido en un caso que genera preocupación e indignación. El llamado “Cuarto Oscuro” ya no es solo una historia, sino una denuncia que exige respuestas.
🔴 Denuncian padres de familia del Colegio Carrusel Magone, en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, la existencia de un “cuarto oscuro” presuntamente utilizado para castigar y abusar de los estudiantes.
📱Las imágenes fueron difundidas en redes sociales; muestran el… pic.twitter.com/3ZWYLWbG9F
— TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) April 14, 2026
Los señalamientos apuntan al Colegio Carrusel Magone, institución de nivel preescolar y primaria, donde padres de familia acusan presuntas agresiones sexuales y violencia física contra menores.

Dentro del plantel, existía un espacio que la directora señalaba como una simple bodega; sin embargo, se trataba de una vivienda que habría sido habitada durante más de cuatro años por una mujer y sus dos hijos. De acuerdo con su propio testimonio, inicialmente se le permitió permanecer seis meses tras el incendio de su casa, pero el tiempo se extendió hasta convertirse en una estancia prolongada dentro del colegio de hasta 4 años.
Una de las madres afectadas acudió a Tráfico Puebla para denunciar públicamente los hechos. En su testimonio, relató que algunos menores describían el lugar como un espacio donde jugaban futbol con niños mayores e incluso había ponys; no obstante, otros lo identificaban como un sitio oscuro y temido, al que llamaban “la puerta secreta”, ya que, aseguran, era cerrado con llave por una maestra.

Con el paso del tiempo, el término “Cuarto Oscuro” dejó de ser un juego entre los alumnos para convertirse en un motivo de miedo compartido.
Ante estas irregularidades, padres de familia interpusieron denuncias y exigieron una investigación a fondo sobre lo ocurrido dentro del plantel. No obstante, pese a solicitar que el lugar no fuera intervenido, la vivienda fue desalojada la noche del lunes 13 de abril, entre las 22:00 y 23:00 horas, de manera apresurada.
Actualmente, los alumnos continúan sus clases en modalidad virtual, mientras avanzan las investigaciones por parte de la Fiscalía.

Las familias afectadas han sido claras en su exigencia: que el caso no se minimice, que no se distorsione la información y que se garantice justicia para los menores.
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